Información jurídica y legal de interés

  • Base imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en supuestos de adquisición de vivienda mediante subasta judicial

    El artículo 10 del Texto Refundido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre establece, como regla general en su apartado primero, que la Base Imponible estará constituida por el valor real del bien transmitido o del derecho que se constituya o ceda, siendo deducibles únicamente las cargas que disminuyan el valor real de los bienes, pero no las deudas aunque estén garantizadas con prenda o hipoteca.

    El Reglamento que regula este impuesto establece los mismos términos pero añade una norma específica, en su artículo 39, para el supuesto en el que la transmisión del bien se produzca en virtud de subasta pública, notarial, judicial o administrativa. Para estos supuestos la base imponible será el valor de adquisición

    Basándose en estos preceptos, la Dirección General de Tributos dicta la Consulta Vinculante V1079-17, de 9 de mayo de 2017, procediendo a aclarar las posibles dudas sobre la tributación en estos supuestos de subasta, teniendo en cuenta que el inmueble puede tener un valor de tasación distinto al de mercado, un tipo de licitación y puede que cargas anteriores en las que el adquirente se tenga que subrogar.

    En estos supuestos y mediante la mencionada consulta vinculante, se establece que la base imponible del tributo controvertido por un bien subastado será el valor de adquisición constituido por el precio de remate, sin tener en consideración el valor de las cargas en las que el consultante se subrogue.

  • Tributación de la prestación de maternidad
  • El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en resolución de 2 de marzo de 2017 ha concluido que no se encuentra exenta en el IRPF la prestación de maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social

    El tribunal resalta que la Ley del IRPF no recoge de forma explícita ninguna exención de dicha prestación cuando es abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y completa su fundamentación añadiendo que el trato fiscal diferenciado aplicable a las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, que sí estarían exentas por contemplarlo expresamente la Ley del Impuesto, no es algo caprichoso, sino que obedece a la distinta naturaleza de cada prestación

    El TEAC indica que “hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad (…).

    En cambio, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad Social son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”.

    El criterio del TEAC es vinculante para toda la Administración Tributaria y continua con la línea de interpretación y actuación de la Agencia Tributaria en relación al tratamiento fiscal en IRPF de las prestaciones por maternidad, entendiendo que se trata de prestaciones sujetas a tributación.

    El procedimiento comienza con la interposición de un recurso contencioso administrativo frente a la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que desestima la pretensión de solicitud de autoliquidación de IRPF. La demandante reclama la devolución de la cantidad sujeta a IRPF, más los intereses de demora, de la prestación por maternidad percibida por la demandante.

    Basa su pretensión, por un lado, en la interpretación de que el legislador ha “ampliado su texto” dentro del art. 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2006 a las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción e hijos a cargo y de orfandad, y por otro lado, la sentencia de este mismo tribunal de febrero de 2010, reconociendo la exención, pero finalmente el TEAC desestima la pretensión de la demandante.

  • Tributación de la prestación de maternidad
  • El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), en resolución de 2 de marzo de 2017 ha concluido que no se encuentra exenta en el IRPF la prestación de maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social

    El tribunal resalta que la Ley del IRPF no recoge de forma explícita ninguna exención de dicha prestación cuando es abonada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y completa su fundamentación añadiendo que el trato fiscal diferenciado aplicable a las prestaciones por maternidad satisfechas por la Seguridad Social respecto a las prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, que sí estarían exentas por contemplarlo expresamente la Ley del Impuesto, no es algo caprichoso, sino que obedece a la distinta naturaleza de cada prestación

    El TEAC indica que “hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta en el IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso. La causa real de concesión de estas prestaciones no es, por tanto, la maternidad en sí misma considerada como una finalidad a proteger, sino la suspensión de la relación laboral que origina la situación de maternidad (…).

    En cambio, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad Social son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha considerado que merece una especial protección”.

    El criterio del TEAC es vinculante para toda la Administración Tributaria y continua con la línea de interpretación y actuación de la Agencia Tributaria en relación al tratamiento fiscal en IRPF de las prestaciones por maternidad, entendiendo que se trata de prestaciones sujetas a tributación.

    El procedimiento comienza con la interposición de un recurso contencioso administrativo frente a la resolución dictada por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que desestima la pretensión de solicitud de autoliquidación de IRPF. La demandante reclama la devolución de la cantidad sujeta a IRPF, más los intereses de demora, de la prestación por maternidad percibida por la demandante.

    Basa su pretensión, por un lado, en la interpretación de que el legislador ha “ampliado su texto” dentro del art. 7 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2006 a las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción e hijos a cargo y de orfandad, y por otro lado, la sentencia de este mismo tribunal de febrero de 2010, reconociendo la exención, pero finalmente el TEAC desestima la pretensión de la demandante.

  • Sistema de Formación Profesional para el empleo
  • Recientemente, dentro del nuevo marco legal para las acciones y políticas activas de empleo, se ha publicado el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, en desarrollo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral.

    Los objetivos de la nueva normativa están dirigidos a la mejora de la competitividad empresarial a la vez que favorecen la creación de empleo estable y de calidad; y paralelamente, garantiza el derecho a la formación laboral e impulsa la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores.

    Asimismo, se abordan cuestiones relativas a la eficacia y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a financiar las acciones formativas, así como la necesaria colaboración y participación de la Administración Pública a nivel estatal y autonómico, sin olvidar la colaboración de los agentes sociales.

    El Real Decreto regula las iniciativas y programas para la formación profesional para el empleo, lo requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios, la acreditación de las competencias adquiridas, los instrumentos del sistema integrado de información que permita disponer de información actualizada, completa y verificable respecto de las acciones formativas, y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.

    Respecto de las acciones formativas, éstas deben estar dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores, ocupados o desempleados. Se pueden estructurar en varios módulos de acreditación parcial acumulable, y deben referirse a las especialidades formativas del Catálogo previsto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Por el contrario, la formación programada por las empresas para sus trabajadores no debe estar referida necesariamente al Catálogo de Especialidades Formativas, correspondiendo a las empresas establecer la duración, contenidos y requisitos de impartición de la acción formativa. No se considera acción formativa las de índole meramente informativa, ni aquéllas cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación. Tampoco las que tengan una duración inferior a dos horas.

    La formación adquirida se acredita mediante el correspondiente certificado de profesionalidad o de sus acreditaciones parciales acumulables, que deben recogerse en la Cuenta de Formación del trabajador así como en el correspondiente registro. Si la formación no está dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entrega al trabajador un diploma acreditativo si ha superado positivamente la acción formativa o bien un certificado de asistencia si carece de ella.

    La modalidad de impartición de la acción formativa puede ser presencial, teleformación y mixta. En la modalidad presencial, el número de participantes ha de ser 30 como máximo, y 25 en el caso de formación vinculada a la obtención de certificado de profesionalidad. Para que se considere teleformación, la parte presencial debe ser igual o inferior al 20% de su duración

  • Sistema de Formación Profesional para el empleo
  • Recientemente, dentro del nuevo marco legal para las acciones y políticas activas de empleo, se ha publicado el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, en desarrollo de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación para el Empleo en el ámbito laboral.

    Los objetivos de la nueva normativa están dirigidos a la mejora de la competitividad empresarial a la vez que favorecen la creación de empleo estable y de calidad; y paralelamente, garantiza el derecho a la formación laboral e impulsa la empleabilidad y promoción profesional de los trabajadores.

    Asimismo, se abordan cuestiones relativas a la eficacia y transparencia en la gestión de los fondos públicos destinados a financiar las acciones formativas, así como la necesaria colaboración y participación de la Administración Pública a nivel estatal y autonómico, sin olvidar la colaboración de los agentes sociales.

    El Real Decreto regula las iniciativas y programas para la formación profesional para el empleo, lo requisitos y límites de las acciones formativas, sus destinatarios, la acreditación de las competencias adquiridas, los instrumentos del sistema integrado de información que permita disponer de información actualizada, completa y verificable respecto de las acciones formativas, y el régimen de funcionamiento del sistema de formación profesional para el empleo.

    Respecto de las acciones formativas, éstas deben estar dirigidas a la adquisición y mejora de las competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores, ocupados o desempleados. Se pueden estructurar en varios módulos de acreditación parcial acumulable, y deben referirse a las especialidades formativas del Catálogo previsto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Por el contrario, la formación programada por las empresas para sus trabajadores no debe estar referida necesariamente al Catálogo de Especialidades Formativas, correspondiendo a las empresas establecer la duración, contenidos y requisitos de impartición de la acción formativa. No se considera acción formativa las de índole meramente informativa, ni aquéllas cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación. Tampoco las que tengan una duración inferior a dos horas.

    La formación adquirida se acredita mediante el correspondiente certificado de profesionalidad o de sus acreditaciones parciales acumulables, que deben recogerse en la Cuenta de Formación del trabajador así como en el correspondiente registro. Si la formación no está dirigida a la obtención de certificados de profesionalidad, se entrega al trabajador un diploma acreditativo si ha superado positivamente la acción formativa o bien un certificado de asistencia si carece de ella.

    La modalidad de impartición de la acción formativa puede ser presencial, teleformación y mixta. En la modalidad presencial, el número de participantes ha de ser 30 como máximo, y 25 en el caso de formación vinculada a la obtención de certificado de profesionalidad. Para que se considere teleformación, la parte presencial debe ser igual o inferior al 20% de su duración

  • Reconocimiento de una incapacidad permanente total por padecer electrosensibilidad

    La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, nº 588/2016 de 6 de Julio de 2016, reconoce por primera vez la incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión a un ingeniero de Telecomunicaciones que padece el “Síndrome de electrosensibilidad (EHS)” por encontrarse expuesto a campos electromagnéticos en su entorno laboral (antenas de telefonía móvil, WIFI, teléfonos inalámbricos).

    Dicho síndrome provoca unos síntomas que el Tribunal ha reconocido ahora como incapacitantes: dolores de cabeza o musculares, trastornos del sueño, incluso nerviosismo, e irritabilidad que disminuían considerablemente al alejarse de su exposición.

    Se trata de una sentencia pionera, porque considera este padecimiento como causa principal de una incapacidad, reconociendo síndromes hasta ahora poco conocidos como causa de invalidez laboral.

    La sentencia habla de una incapacidad permanente total, derivada de una enfermedad común con derecho a que el demandante perciba la prestación económica correspondiente en aplicación de los dispuestos en el artículo 137.4 de la LGSS.

    Sin embargo, el tribunal declara que no se trata de una incapacidad absoluta pues la contaminación electromagnética no está presente en todos los lugares por lo que considera que el demandante sí puede trabajar en determinadas zonas no expuestas a dicha contaminación.

  • Pago de los gastos extraordinarios dentro de la pensión de alimentos
  • La Sentencia 120/2016 de 2 de Marzo de la Sala Primera del Tribunal Supremo establece un interesante pronunciamiento sobre el alcance de la pensión por alimentos. En este caso se valora la demanda que la madre interpone en reclamación de alimentos de su hija menor frente los abuelos paternos y maternos de la niña.

    El padre de la menor resulta insolvente, no pudiendo hacer frente a las necesidades de su hija al padecer una enfermedad que le impide incorporarse al mercado laboral. Así mismo, la madre se encuentra impedida para trabajar, por una minusvalía reconocida del 65%.

    La cuestión analizada en esta sentencia es novedosa, por cuanto es el primer caso en España por el que se declara el derecho de una menor por insolvencia de uno de los progenitores a percibir alimentos de sus cuatro abuelos.

    La sentencia en primera instancia desestima la petición de pago de los gastos extraordinarios de la menor (gastos relativos a clases de música y de apoyo), en base a que tal concepto está previsto para los supuestos de reclamación de alimentos paterno-filiales por determinación del artículo 93 del Cc, quedando fuera del concepto de alimentos del artículo 142 del Código Civil, el cual establece que se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica. Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del alimentista.

    Contra dicha resolución se apela solicitando la parte demandante entre otras cuestiones, que se incrementen los alimentos a los gastos extraordinarios. El recurso de apelación desestima la cuestión de los gastos extraordinarios, y la madre recurre en casación.

    El Tribunal Supremo determina finalmente que el pago de los gastos extraordinarios que se reclaman a los abuelos, concretamente las clases de música y de apoyo de la menor, pese a ser comprensible el deseo de la madre, no son estrictamente derivados de la educación, la que asiste a un colegio público y como tal, gratuito. Los gastos extraordinarios que se reclaman no tienen cabida legal en la relación de abuelos-nietos, sin perjuicio que en ocasiones procedan, si tienen relación con los conceptos de sustento, habitación, vestido y asistencia médica.

  • Protección deudores hipotecarios
  • El 17 de marzo se publica el RDL 5/2017, de 17 marzo, que sigue la misma línea de las medidas contempladas en las disposiciones anteriores en materia de protección de los deudores hipotecarios sin recursos.

    La norma amplía el colectivo de familias que pueden beneficiarse de las medidas contempladas en el Código de Buenas Prácticas, añadiendo dos supuestos más: unidad familiar de la que forme parte un menor de edad, y aquella en que exista una víctima de violencia de género.

    Otra novedad, es la ampliación por tres años más, hasta mayo de 2.020, del plazo de duración de la suspensión del lanzamiento de los propietarios en supuestos de especial vulnerabilidad que han visto su vivienda adjudicada al acreedor en los procesos de ejecución hipotecaria.

    Por otro lado, los beneficiarios de la suspensión de lanzamiento que a su vez sean clientes de entidades adheridas al Código de Buenas Prácticas, pueden solicitar el alquiler de su vivienda por un importe de renta en condiciones más ventajosas durante el plazo de un año, prorrogable hasta cinco, si el arrendatario lo desea. Finalizado este periodo máximo, podrá prorrogarse, anualmente, hasta otros 5 años más.

    Por último, el Real Decreto-Ley insta al gobierno a proponer medidas que faciliten a los deudores hipotecarios la recuperación de su vivienda habitual cuando haya sido objeto de ejecución hipotecaria. Para que el precio resulte equitativo, estas medidas deberán de tener en cuenta el precio de adjudicación, las cantidades abonadas por el ejecutado para amortización del préstamo, las mejoras realizadas por el deudor durante la suspensión del lanzamiento, así como otros factores que puedan incidir en él.

    Las entidades que se encontraban adheridas al Código de Buenas Prácticas pueden desvincularse de esta nueva versión y mantenerse en el ámbito de aplicación de las versiones previas correspondientes.

  • La reforma del recurso de casación contencioso administrativo
  • En fecha 22 de julio entró en vigor la reforma del recurso de casación contencioso administrativo introducida por la Disposición Final Tercera de la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

    Las principales novedades que incorpora esta reforma son las siguientes:

    • Se amplía el ámbito objetivo de sentencias recurribles en casación.

    • Desaparecen los motivos tasados de casación; el nuevo recurso podrá interponerse contra cualquier infracción del ordenamiento jurídico estatal o europeo, tanto procesal como sustantiva, o de la jurisprudencia, manteniéndose la necesidad de que se invoquen cuestiones de derecho y no de hecho, y que se trate de infracciones de Derecho estatal o comunitario, que hayan sido invocadas, relevantes y determinantes del fallo recurrido.

    • Exigencia de un interés casacional, objetivo para la formación de jurisprudencia.
      En la norma se enumeran una serie de supuestos indicativos de la existencia de este interés casacional, pero no actúan automáticamente sino que es necesario que el recurrente los justifique en su escrito.

    • El escrito de preparación del recurso cobra una importancia decisiva, se amplía a treinta días el plazo para su presentación, se exige un mayor formalismo y se deben justificar los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo.

    • Se establecen la extensión máxima del escrito de interposición del recurso.
      (50.000 caracteres con espacio) así como su formato (fuente “Times New Roman”) y estructura, aprobado por normas de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.

    • La sentencia fijará doctrina jurisprudencial.

    • Se suprimen los recursos de casación en interés de ley y para unificación de doctrina.

  • Limitación de las jornadas especiales en trabajos nocturnos
  • El Gobierno, en el ejercicio de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral, traspone definitivamente a nuestro ordenamiento jurídico lo establecido por la normativa europea en relación a la regulación del tiempo de trabajo, a través del Real Decreto 311/2006, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1561/1995, de 21 septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, en materia de trabajo nocturno.

    Se añade un nuevo artículo relativo exclusivamente a trabajadores nocturnos con actividades con riesgos especiales o tensiones importantes, estableciéndose un tiempo máximo de jornada para estos casos.

    Las personas designadas tienen el plazo de 7 días desde que reciben la comunicación para alegar ante la Junta electoral de zona, causa justificada y documentada que les impida aceptar el cargo. La Junta resuelve sobre la estimación de la causa sin que sea posible recurrir en vía administrativa, pero sí ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

    Es este sentido, el Real Decreto recoge que “la jornada máxima de los trabajadores nocturnos cuyo trabajo implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes, será de ocho horas de un periodo de veinticuatro horas durante el cual realice un trabajo nocturno”

    Se entenderán como trabajos especiales o con tensiones especiales, aquellos que vengan así determinados por convenio colectivo o por acuerdo entre empresa y representantes de los trabajadores.

    Únicamente se podrá superar el límite de las ocho horas cuando sea necesario para evitar o reparar accidentes o daños extraordinarios y urgentes, o bien, en aquellos supuestos en los que exista alguna irregularidad sin responsabilidad de la empresa en el trabajo a turnos.

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