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Información jurídica y legal de interés

  • Plan de vivienda 2013-2016
  • El plan estatal de vivienda, aprobado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas (2013 a 2016) tiene dos grandes objetivos: fomentar el alquiler, y rehabilitar viviendas.

    En este sentido, el plan reúne el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana y la nueva ley del alquiler de vivienda, aglutinando las diferentes medidas de ayuda en varios programas:

    • Ayudas a la rehabilitación y la regeneración.

    Los beneficiarios de estas ayudas serán las comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos de edificios de viviendas.

    Para acceder a estas ayudas, los inmuebles deberán ser anteriores a 1981, tener al menos el 70% de su superficie de uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

    Asimismo, se darán ayudas de hasta 4.000€ por vivienda para su conservación, hasta 2.000€ por vivienda para la mejora de la eficiencia energética (5.000 euros si se reduce en un 50% la demanda energética del edificio)y hasta 4.000€ por vivienda para la mejora de la accesibilidad.

    Estas ayudas tendrán un límite, su cuantía no podrá superar el 35% del presupuesto, y de forma excepcional, en el caso de mejora de la accesibilidad, será del 50%, y en todo caso 11.000€ como máximo por vivienda.

    • Ayudas al alquiler

    Serán beneficiarios aquellas personas cuyos ingresos sean tres veces menores al Iprem (532,51 euros al mes o 6.390,13 euros al año en 12 pagas) modulable según el número de miembros y composición de la unidad de convivencia. A estas ayudas tendrán acceso preferente las familias desahuciadas.

    Además, se tendrán que dar los siguientes requisitos:

    • La renta del alquiler deberá ser igual o menor a 600€ al mes.

    • Las ayudas no superarán los 4.200€ anuales.

    • Las ayudas serán de hasta el 40% de la renta y se concederán durante un año, prorrogable si se mantienen las condiciones.

    Otro tipo de ayudas:

    • Programa de subsidiación de préstamos, con la finalidad de ayudar a los deudores hipotecarios con menos recursos a hacer frente a sus obligaciones.

    • Programa de apoyo para implantar el informe de evaluación de los edificios, que sustituirá a la actual Inspección Técnica de Edificios.

    • Programa ICO, cuyo objetivo será atender las necesidades de financiación de particulares y comunidades de propietarios, para acometer proyectos de rehabilitación o reforma de viviendas y edificios.

    • Programa IDEA, programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas.

    • Programa CLIMA, el cual destinará 10 millones de euros: para la compra de reducciones de CO2 en el sector residencial, para proyectos que afecten a energías renovables, medidas de reducción de consumo de energía fósil, etc.

  • Novedades en el IRPF para el ejercicio 2013
  • El 29 de diciembre del 2012 entraron en vigor una seria de modificaciones relativas al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, a raíz de la entrada en vigor de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica. Esta ley modifica una serie de normas, pero en el presente flash vamos a detenernos en las modificaciones relativas a IRPF:

    Se suprime, en el régimen general, la deducción por inversión en vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013, sin embargo, se recoge un régimen transitorio con el fin de continuar aplicándose la deducción por inversión en vivienda habitual, aquellos contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual o aportado cantidades antes del 31.12.2012, para la construcción, ampliación, rehabilitación o realización de obras por razones de discapacidad en su vivienda habitual.

    Los premios de lotería del Estado, Comunidades Autónomas, Organización Nacional de Ciegos Españoles, Cruz Roja Española y entidades análogas de carácter europeo, quedarán sujetos al Impuesto de la Renta a través de un gravamen especial devengado en el momento de abono del premio a través de una retención o ingreso a cuenta. Quedarán exentos los premios cuyo importe sea igual o inferior a 2.500€. En cuanto al resto de juegos, con efectos 1 de enero del 2012, cabe la posibilidad de compensar las pérdidas con el límite de las ganancias obtenidas en el ejercicio.

    Las ganancias y pérdidas patrimoniales ocasionadas por la transmisión de elementos patrimoniales, quedarán integradas en la base imponible del ahorro, siempre y cuando hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente durante más de un año.

    La cuantificación de la retribución en especie por la cesión de vivienda a los empleados vendrá determinada por el coste del alquiler asumido por la empresa, siempre que la vivienda no sea de titularidad de la empresa.

    Así mismo, aumenta la tributación de las indemnizaciones de importe muy elevado, consecuencia de la extinción de la relación laboral o mercantil, debido a la disminución o, dependiendo de la cuantía la eliminación de la reducción del 40% por haberse generado en un periodo superior a dos años o de forma irregular.

    Finalmente reseñar, que el régimen que se venía aplicando para los gastos e inversiones llevados acabo para habituar a los empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, se prorroga durante el año 2013.

  • Impagos en los Peajes de las Autopistas
  • Con fecha 1 de Enero de 2013 se procedió a modificar la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión, con la finalidad de convertir en agentes de la autoridad a los empleados de las autopistas y poder multar a los infractores que circulen por tales vías.

    Con esta modificación, los usuarios de las autopistas están obligados a abonar el importe del peaje que corresponda según la tarifa aprobada, y su impago constituye una infracción administrativa que será objeto de la correspondiente sanción de acuerdo con la normativa de la Ley de Tráfico, previa denuncia de los agentes de policía encargados de la vigilancia del tráfico o del personal de la empresa concesionaria.

    Así mismo, se establece que en situaciones excepcionales que así lo requieran, y en ausencia de los agentes públicos competentes, los empleados de autopistas podrá adoptar las disposiciones necesarias a fin de regular y ordenar el tráfico, formulando en su caso las denuncias procedentes y quedando investidos temporalmente con carácter de autoridad pública.

    Para poder acreditar las denuncias, los peajes, tanto manuales como automáticos, podrán utilizar cualquier medio para identificar a los vehículos infractores, concretamente se podrán instalar cámaras que identifiquen a tales vehículos.

    Otro de los aspectos relevantes de las modificaciones introducidas es que si el conductor no se identifica, la multa se imputará al propietario del vehículo.

  • Novedades en la Ley que regula las Tasas Judiciales
  • El 22 de noviembre de 2012 entró en vigor la nueva “Ley de tasas judiciales” en el ámbito de la Administración de Justicia, Ley que ha sido modificada en algunos aspectos el mes de Febrero del año en curso.

    Esta Ley incorpora una serie de cambios y novedades con respecto a la legislación anterior efectuándose una ampliación sustancial tanto de los hechos imponibles como de los sujetos pasivos afectados por la misma, alcanzando no sólo a las personas jurídicas sino también a las personas físicas. En concreto, la nueva Ley de tasas afecta a los procedimientos civiles, a los procedimientos de la jurisdicción Social o Laboral y a los Contencioso-Administrativos, quedando exenta la Jurisdicción Penal y la Militar.

    No obstante, la Ley contempla determinadas exenciones de carácter objetivo entre las que destacan:

    • la presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros.

    • la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración. la interposición de demanda y ulteriores recursos relacionados con los procesos sobre capacidad, filiación y menores.

    • los procesos matrimoniales que se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra y aquéllos que versen exclusivamente sobre la guardia y custodia de hijos menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores.

    • la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.

    Y exenciones de carácter subjetivo como por ejemplo:

    • las personas a las que se les haya reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.

    • el Ministerio Fiscal, Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los organismos públicos dependientes de todas ellas.

    Las tasas se componen de una cantidad fija en función del procedimiento judicial de que se trate, y una cantidad variableen función de la cuantía de dicho procedimiento. En cualquier caso hay que indicar que, cuando se trate de recursos contencioso-administrativos que tengan por objeto la impugnación de resoluciones sancionadoras, la cuantía de la tasa no podrá exceder del 50% del importe de la sanción económica impuesta. Asimismo, cuando el sujeto pasivo sea persona física el límite de cuantía variable será de dos mil euros.

    Cabe señalar que se efectuará una devolución del 60% del importe de la cuota de la tasa cuando tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio. Esta devolución también será aplicable en los supuestos en los que la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante.

  • Medidas urgentes para reforzar la Protección a los Deudores Hipotecarios
  • Con el fin de paliar los efectos de la situación de sobreendeudamiento de las personas físicas, se aprueba el Real Decreto-Ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, cuyo objeto fundamental consiste en la suspensión inmediata, y por un plazo de dos años, de los desahucios de las familias que se encuentren en una situación de especial riesgo de exclusión.

    Esta medida, con carácter excepcional y temporal, afectará a cualquier proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria que se inicie a partir de la entrada en vigor de la norma, siempre que no se hubiera llevado acabo el lanzamiento de la vivienda habitual y se trate de personas pertenecientes a un determinado colectivo.

    La suspensión de los lanzamientos afectará a las personas que se encuentren dentro de las siguientes situaciones de especial vulnerabilidad:

    • a. Familia numerosa, de conformidad con la legislación vigente.

    • b. Unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo.

    • c. Unidad familiar de la que forme parte un menor de tres años.

    • d. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral.

    • e. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se encuentre en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones por desempleo.

    • f. Unidad familiar con la que convivan, en la misma vivienda, una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o permanente para realizar una actividad laboral.

    • g. Unidad familiar en la que exista una víctima de violencia de género, conforme a lo establecido en la legislación vigente, en el caso de que la vivienda objeto de lanzamiento constituyan su domicilio habitual.

    Pero además de lo anterior, deberán concurrir las siguientes circunstancias económicas:

    • a. Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, que en 2012 es de 532, lo que representaría familias cuyos ingresos mensuales no superen los 1597€.

    • b. Que, en los cuatro años anteriores al momento de la solicitud, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas, en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda.

    • c. Que la cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.

    • d. Que se trate de un crédito o préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única vivienda en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de la misma.

    Asimismo, el Real Decreto, junto con el sector financiero, promoverá la constitución de un fondo social de viviendas, propiedad de las entidades de crédito, destinado a ofrecer cobertura, en régimen de alquiler en función de los ingresos que se perciban, a aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual por el impago de un préstamo hipotecario.

  • La Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles
  • El Real Decreto Legislativo 5/2012, de 5 de Marzo de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, se desarrolla dentro del Plan de Modernización de la Justicia 2009-2012.

    Su finalidad es contribuir a la solución de conflictos en el ámbito extrajudicial, reduciendo la carga de trabajo de los tribunales al permitir a los ciudadanos solucionar sus litigios a través de un procedimiento de mediación, sin necesidad de resolución judicial.

    La citada Ley es una norma de mínimos, es decir contiene disposiciones comunes sin perjuicio de las disposiciones aprobadas por las Comunidades Autónomas, tales como:

    El procedimiento de mediación se establece para asuntos civiles y mercantiles en conflictos nacionales o transfronterizos. Se excluye expresamente la mediación laboral, penal, en materia de consumo y la mediación con las Administraciones Públicas.

    La solicitud de inicio de la mediación interrumpe la prescripción o caducidad de acciones judiciales. Así mismo durante el tiempo en que se desarrolle la mediación, las partes no podrán interponer entre sí ninguna acción judicial o extrajudicial en relación a ese mismo asunto. A estos efectos se considerará iniciada la mediación con la presentación de la solicitud por una de las partes o desde su depósito, en su caso, ante la institución de mediación.

    Serán instituciones de mediación las entidades públicas o privadas y las corporaciones de derecho público que tengan entre sus fines el impulso de la mediación, su acceso y su administración incluida la designación y publicitación de los mediadores. Igualmente podrán asumir las funciones propias de la mediación las diversas Administraciones a través de sus instituciones o servicios de mediación, gestiones que al día de hoy ya vienen desempeñando.

    La mediación es optativa y voluntaria, existiendo siempre la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria. Luego nadie, está obligado a mantenerse en el procedimiento de mediación ni a concluir un acuerdo. Cuando exista un pacto por escrito que exprese el compromiso de someter a mediación las controversias surgidas, se deberá intentar el procedimiento pactado de buena fe antes de acudir a la jurisdicción o a otra solución extrajudicial.

    La mediación es imparcial, el mediador no puede imponer solución o medida concreta alguna, se trata de acuerdo o pacto entre las partes. El mediador ha de tener una formación general que le permita desempeñar esa tarea, y sobre todo ofrecer garantía inequívoca a las partes por la responsabilidad civil en que pudiese incurrir.

    El plazo máximo para alcanzar la mediación es de dos meses, prorrogable por otro más.

    Se establece que el acuerdo de mediación se equipare a un título ejecutivo, al igual que los laudos arbitrales

  • La dación en pago
  • Nuestro país atraviesa en los últimos tiempos una difícil situación económica, lo que está conllevando que muchas familias se vean imposibilitadas a hacer frente al préstamo hipotecario contratado en la adquisición de su vivienda habitual.

    Por ello, el Gobierno a fin de intentar dar solución a este grave problema socio-económico ha aprobado el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de Marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, en vigor a partir del 11 de Marzo del 2012. Esta nueva norma recoge una serie de medidas encaminadas a permitir la reestructuración de la deuda hipotecaria y la flexibilización de la ejecución de la garantía real.

    Las medidas serán de aplicación a aquellas personas que se encuentren en el denominado "umbral de exclusión" es decir: todos los miembros de la familia carezcan de rentas; que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los ingresos de la familia; que carezcan de otros bienes o derechos patrimoniales; que el préstamo recaiga sobre la única vivienda en propiedad; que se trate de un crédito o préstamo que carezca de otras garantías reales o personales, y en caso de que concurran garantías personales éstos se encuentren en la situación descrita en los dos primeros supuestos, y en el supuesto de que existan codeudores no integrantes de la unidad familia que estén en los tres primeros apartados.

    A estos requisitos hay que añadir igualmente que el precio de la adquisición de la vivienda no supere:

    • Los 200.000€ en municipios de más de 1.000.000 habitantes.

    • Los 180.000€ en municipios de entre 500.001 y 1.000.000 habitantes o los integrados en áreas metropolitanas de municipios de más de 1.000.000 de habitantes

    • Los 150.000€ en municipios de entre 100.001 y 500.000 habitantes.

    • Los 120.000€ en municipios de hasta 100.000 habitantes.

    El modelo diseñado para este cometido es un código de buenas prácticas al que voluntariamente podrán adherirse las entidades de crédito y otras entidades cuya actividad sea la concesión de préstamos o créditos hipotecarios. Este código recoge tres fases:

    • 1. Medidas previas a la ejecución de la hipoteca a través de un período de carencia en la amortización de capital, una reducción del interés durante cuatro años y la ampliación del plazo total del plazo de amortización hasta un total de 40 años.

    • 2. Medidas complementarias para el caso de que el paquete de medidas anteriores no hayan sido suficientes, basadas en la posibilidad de ofrecer las entidades al deudor con carácter potestativo una quita sobre el conjunto de la deuda.

    • 3. Medidas sustitutivas de la ejecución hipotecaria para el caso de que ninguna de las medidas anteriores hayan surtido efecto, basadas en la dación en pago de la vivienda habitual con la liberación definitiva de la deuda y con la posibilidad de continuar en la vivienda durante un plazo de dos años, con el pago de una renta anual del 3% del total de la deuda en el momento de la dación.

    La norma así mismo también modera los tipos de interés moratorios aplicables, así como la incorporación de las personas objeto de desahucio con posterioridad al 01.01.12 y aquéllas que hayan suscrito un contrato de arrendamiento a raíz de la dación en pago, a las ayudas a inquilinos previstas en el Real Decreto 2066/2008 de 12 de diciembre, por el que se regula en Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2011.

  • Nueva Reforma Laboral
  • El 10 de febrero de 2012 el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-Ley 3/2012, en vigor a partir del 13 de Febrero de 2.012. A continuación detallamos las novedades más relevantes:

    Despidos procedentes:

    • La indemnización será de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para todos los trabajadores.

    • Se entenderá como causa de despido procedente.

    • La existencia en la empresa de pérdidas actuales o previstas, o por la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas, durante 3 trimestres consecutivos.

    • Las faltas de asistencia del trabajador, aún justificadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

    Despidos improcedentes:

    • La indemnización será de 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades a partir de la entrada en vigor de la Ley, y de 45 días por año trabajado con un límite de 42 mensualidades acumulables hasta el 13 de febrero de 2012.

    Convenios colectivos:

    • Desaparición de la prórroga indefinida de los convenios colectivos. Habrá 2 años de plazo para renegociar uno nuevo o el convenio desaparecerá, pasando a estar regidos por el convenio de sector o por la ley general (el Estatuto de los Trabajadores)

    • Se da la posibilidad de que los empresarios se ?descuelguen? del convenio colectivo de ámbito superior por causas económicas. Si no hay acuerdo se decidirá por arbitraje

    • Los convenios de empresa prevalecerán sobre los convenios sectoriales

    Nuevas contrataciones:

    • Los jóvenes menores de 30 años que sean contratados por una PYME tendrán un periodo de prueba de 1 año, además si nos encontramos con el supuesto de que el primer contrato de trabajo concertado por la empresa se realice con un menor de 30 años la empresa tendrá derecho a una deducción fiscal de tres mil euros en las cuotas de la Seguridad Social, y pudiendo sumar otros 3.600 euros si el menor de 30 años está en el paro.

    • Las empresas que tengan menos de 50 trabajadores y que contraten jóvenes de menos de 30 años, tendrán una bonificación en las cuotas de la Seguridad Social que abonen por dichos trabadores, durante tres años. Estas consistirán en 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato. Si la contratación es de mujeres en sectores ?tradicionalmente? masculinos, las cuantías anteriores se incrementará en 100 €/año si son menores de 30 años.

    • Las empresas que contraten a trabajadores de más de 45 años que sean desempleados de larga duración, tendrán bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social de 1.300 euros al año los tres primeros años de su contratación, y si se trata de mujeres de más de 45 años en paro de larga duración que se contraten en sectores en los que este colectivo esté menos representado, la bonificación será de 200€ más.

    • En los casos en los que el trabajador contratado estuviese en una situación de desempleo, éste deberá haber percibido la prestación durante al menos tres meses.

    Condiciones laborales:

    • Los empresarios podrán modificar las condiciones de trabajo por cuestiones económicas, técnicas, organizativas, competitividad o productividad.

    • Esto se traduce en cambios de horarios, turnos y cuantía salarial. De no aceptar las nuevas condiciones pueden rescindir el contrato con indemnización de 20 días por año trabajado, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

    • En cuanto al derecho a la formación, todos los trabajadores tendrán derecho a 20 horas anuales de formación pagadas por el empresario. Así mismo, se amplía a los 30 años de edad del trabajador el contrato de formación y aprendizaje, hasta que la tasa de desempleo baje del 15%.

    • En cuanto a la posibilidad de encadenar trabajos temporales, vuelve el máximo de 24 meses. Esta última medida entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2013.

  • Detrás de un siniestro a Todo Riesgo, puede haber un responsable
  • En muchas ocasiones, nos limitamos a declarar un siniestro amparados por una garantía de daños (Todo Riesgo / Lunas / Robo / Incendio) sin tener en cuenta las verdaderas causas y circunstancias relacionadas con él.

    Y cuando lo hacemos, no disponemos de todos los datos del responsable de los daños causados a su vehículo. Por eso, es muy importante que recabe el mayor número de datos posible que nos permita identificar al responsable y así podremos reclamar a la compañía contraria.

    Es más ventajoso para usted ya que podrá evitar el pago de la franquicia (en caso de todo riesgo con franquicia) o la pérdida de bonificación.

  • Empleados del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social
  • A partir del 1 de enero de 2012 el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar quedará integrado en el Régimen General de la Seguridad Social mediante el establecimiento de un sistema especial de acuerdo con lo previsto en La Ley 27/2011 de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

    Para ello, en el plazo de 6 meses a contar desde el 1 de enero del 2012 los empleadores y las personas empleadas procedentes del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Empleados de Hogar que hayan quedado comprendidos en el Régimen General de la Seguridad Social deberán comunicar a la Tesorería General el cumplimiento de las condiciones exigidas para su inclusión en el sistema especial de Empleados de Hogar del Régimen General.

    El objetivo es mejorar la acción protectora de los empleados de hogar, equiparándola a los trabajadores encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social.

    La integración en el Régimen General se realizará de manera progresiva durante un período transitorio a partir del 1 de Enero de 2012.

    Una de las modificaciones más importantes de la presente ley es el nuevo cálculo de la base de cotización, que se realizará en función de la retribución bruta mensual percibida por el empleado de hogar.

    Resulta igualmente novedoso, la posibilidad de percibir por parte del empleado de hogar un subsidio a partir del noveno día en caso de baja por enfermedad común o accidente no laboral. Por otra parte, el empleador estará obligado al abono de la prestación desde el cuarto día al octavo, ambos inclusive.

    Finalmente mencionar que se encuentra en fase de negociación aspectos relevantes que se prevén regular legislativamente, tales como: la forma de contrato, pagas extraordinarias, periodos descansos, posibilidad de indemnización por despido…

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