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Información jurídica y legal de interés

  • Una compañía aérea es condenada a devolver el suplemento cobrado por una maleta de mano

    Un juzgado de la mercantil de Madrid mediante sentencia firme, condena a una compañía aérea a devolver la cantidad de 20€ cobrada a un pasajero en el mismo momento del embarque, por llevar consigo dos bultos de mano, un bolso pequeño de mujer, y una maleta de mano de pequeñas dimensiones y peso (10 kgs); ambos perfectamente ubicables dentro del avión, el bolso pequeño bajo el asiento delantero, y la maleta de mano en los compartimentos superiores de los asientos destinados para ellos en cabina.

    El pasajero argumenta en su demanda la normativa sobre Navegación Aérea, concretamente en su artículo 97, que recoge la obligación del transportista a “transportar juntamente con los viajeros, y dentro del precio del billete, el equipaje con los límites de peso independientemente del número de bultos, y volumen que fijen los Reglamentos. El exceso será objeto de estipulación especial. No se considerará equipaje a este efecto los objetos y bultos de mano que el viajero lleve consigo. El transportista estará obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo…”, salvo por razones de seguridad, que no vienen al caso objeto de litigio.

    La compañía aérea por su lado, argumenta que obliga a pagar dicha cantidad al pasajero por carecer del billete específico de mayor coste, que permite llevar 2 bultos en cabina, argumentando la posibilidad legal que le permite la normativa europea de total liberalización de precios en el ámbito del transporte.

    El tribunal a la hora de pronunciarse también tiene en cuenta el pronunciamiento del TJUE en su sentencia del 2014, que diferencia entre equipaje de mano o no facturado y el equipaje facturado.

    En este sentido, el TJUE entiende que el equipaje de mano es un elemento “indispensable”, estando obligada la Cía. Aérea a transportarlo sin coste adicional, ya que su transporte no genera ningún coste añadido a la compañía, al contrario que el equipaje facturado, que no se entiende que sea indispensable, además de los costes que supone su transporte (combustible, personal, guarda y custodia…).

    Por ello, el Tribunal entiende que la Cía. ha actuado de forma abusiva al cobrar al pasajero un suplemento por llevar un “equipaje de mano”, que podría haber sido ubicado en cabina sin problema alguno.

    El pasajero también solicita una pequeña indemnización de 10€ por daños morales, petición que no es aceptada por el tribunal, ya que entiende que el “malestar” sufrido por el mismo no es de tal calado que pueda considerarse como “daño moral indemnizable”.

  • Protección de las personas físicas en los créditos inmobiliarios

    El pasado 16 de junio de 2019 entró en vigor la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Esta ley regula la celebración de contratos de crédito inmobiliario garantizando la protección de las personas físicas en este tipo de operaciones, fundamentalmente a través de las exigencias en cuanto al derecho a la información y al carácter irrenunciable de los derechos que contempla.

    La protección se extiende a las personas físicas en sentido amplio y no sólo a los consumidores, incluyendo así a los autónomos y empresarios individuales.

    Respecto a los intermediarios de crédito y prestamistas inmobiliarios, así como de sus empleados, se les exige un régimen profesional en cuanto a los conocimientos y competencias adecuados para informar y prestar asesoramiento al potencial prestatario; así como el establecimiento de límites a la política retributiva del personal.

    Las ventas vinculadas (de otros productos asociados al préstamo) están prohibidas, a excepción de ciertos productos financieros, y de los seguros para garantizar el cumplimiento de la obligación y del seguro de daños, siempre que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, en el caso de los seguros, el prestamista debe aceptar pólizas ofertadas por otros proveedores, sin que ello implique el empeoramiento de las condiciones del préstamo.

    La ley se refiere a los préstamos hipotecarios y créditos para adquisición de bienes inmuebles de uso residencial, no sólo a la vivienda de carácter “habitual”, suscritos con posterioridad a la entrada en vigor el 19-6-2.019, y a aquellas novaciones y subrogaciones de fecha posterior pero relativas a contratos celebrados con anterioridad, así como a los vencimientos anticipados de préstamos anteriores.

    En la fase precontractual del préstamo, la obligación de información general básica por escrito y de manera clara, concisa y fácilmente legible o audible, se completa con la elaboración de la Ficha europea de información normalizada (FEIN) y la Ficha de advertencias estandarizadas (FAE) sobre los riesgos de la operación. Estas han de entregarse al cliente en el plazo de los diez días anteriores a la celebración del contrato.

    También en esta fase ha de tener lugar un estudio de solvencia del prestatario, siendo posible únicamente la concesión del préstamo si del estudio resulta la probabilidad de cumplimiento de las obligaciones según lo previsto en el contrato.

    El notario elegido por el cliente tiene el deber de asesoramiento al prestatario y/o fiador, supervisa que se le ha entregado la documentación obligatoria y verifica que ha comprendido el alcance de la operación.

    La cláusula suelo está prohibida en préstamos a interés variable. Tampoco se permite el interés negativo.

  • La Audiencia Nacional en su sentencia de 31/10/2019, reconoce como tiempo de trabajo efectivo, el llevado a cabo por un empleado desde su domicilio al domicilio de un cliente, y viceversa.

    En este caso, se trata de un colectivo de “técnicos de campo”, cuya jornada laboral comienza a las 8 horas en la ubicación del cliente, organizado con antelación por la empresa, y con la obligación de que, media hora o 15 minutos antes de las 8 horas, comienzo de su jornada, activen el móvil y el portátil facilitado por la empresa; así mismo, la empresa les proporciona un vehículo de empresa con GPS incorporado. Por el contrario, el desplazamiento de vuelta se lleva a cabo dentro de la jornada, y además, la empresa cobra a sus clientes el desplazamiento.

    Por otro lado, la empresa computa como hora extra, el tiempo de más que realizan los empleados en los centros de los clientes, por lo que tácitamente reconoce como tiempo de trabajo efectivo, el tiempo invertido para volver a su domicilio el trabajador.Así mismo, los empleados acuden muy esporádicamente a delegaciones territoriales de la empresa, por lo que queda probado, que la actividad de la empresa se realiza “exclusivamente en los domicilios de los clientes”, siendo imposible poder realizar el trabajo sin los desplazamientos objeto de discusión.

    Tiempo atrás, los trabajadores comenzaban su jornada en una delegación de la empresa, y los desplazamientos corrían automáticamente a cargo de la empresa.

    En este sentido, la Audiencia tiene en cuenta el pronunciamiento del TJUE sobre la Directiva Europea 2003/88/CE, que entiende como tiempo de trabajo, el que destinan los trabajadores sin “centro de trabajo fijo o habitual” en desplazarse desde su domicilio y los “centros del primer y último cliente” determinado por la empresa.

    La Audiencia entiende que, dada la característica de la actividad laboral, los desplazamientos de los empleados son “desde el primero al último, consustanciales con la actividad del trabajador que carece de centro de trabajo fijo o habitual y el centro de trabajo de estos trabajadores no puede reducirse” al domicilio de los clientes, y según el TJUE, si éstos dejaran de tener la connotación de tiempo efectivo de trabajo, no serían necesarios para llevar a cabo el trabajo.

    Además, en línea del TJUE, durante los desplazamientos, los empleados están bajo las órdenes e instrucciones de la empresa, por tanto, a disposición de la empresa.

  • Comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia
  • El proceso de transformación de la Administración de Justicia tiene como objetivo introducir definitivamente, el uso de las tecnologías en materia de comunicaciones habituales y normales, y de uso cotidiano por ciudadanos y profesionales en todos los ámbitos a fin de agilizar la tramitación de los procesos judiciales.

    Con dicha finalidad, el Consejo de Ministros aprobó el pasado día 27 de Noviembre el Real Decreto 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia, y por el que se regula el sistema LEXNET.

    Por ello, a partir del pasado día 1 de Enero de 2016, se deberá utilizar este sistema para la presentación de escritos, traslado de copias por los procuradores y realización de actos de comunicación (citaciones, notificaciones, requerimientos y emplazamientos) por parte de órganos y oficinas judiciales y fiscales, profesionales de la Justicia y Colegios de Procuradores.

    Este Real Decreto se aplica en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia (Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, Ceuta y Melilla) y afecta a todos los órdenes jurisdiccionales.

    Las CC.AA. con las competencias de justicia transferidas, han tenido que adoptar las medidas necesarias para asegurar la aplicación de las previsiones introducidas en las reformas tanto de la LECivil como la LOPJ en esta materia.

    A partir del 1 de enero de 2017 esta obligación se extenderá a Administraciones y organismos públicos y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a personas, que no estando representadas o asistidas por profesional de la justicia, estén obligadas a intervenir a través de medios electrónicos con la Administración de Justicia.

  • Novedades relativas a la adquisición de la nacionalidad española
  • El pasado 8 de Noviembre entró en vigor el Real Decreto 1004/2015 de 6 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, para aquellos casos en el que el extranjero funda su solicitud en haber cumplido los años de residencia en España requeridos según su origen geográfico.

    Hasta ahora la tramitación era mixta: con una parte judicial y otra administrativa A partir de esta nueva norma, todos los trámites pasarán a realizarse exclusivamente ante la Administración, pudiéndose realizar las gestiones de forma telemática y/o digitalizada. Evitando de esta forma que el solicitante tenga que aportar toda la documentación que ya obre en poder de la Administración.

    Se establece un periodo transitorio hasta fecha 30 de junio de 2017, durante el cual, el extranjero podrá solicitar la nacionalidad española por residencia de la siguiente forma:

    • En el Registro Civil del lugar de residencia del extranjero.

    • A través de cualquier registro público habilitado a los efectos de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

    • Por medio de la sede electrónica de la web del Ministerio de Justicia

    Finalizado el periodo transitorio, únicamente será posible realizar la presentación por alguna de las vías previstas en los casos b) y c).

    Además, la nueva norma establece que la prueba de validación del dominio de idioma no sea necesaria cuando se trate de interesados con nacionalidad de un país o territorio de habla hispana o cuando se haya obtenido con anterioridad un DELE con mínimo del nivel A2.

    Asimismo, se establecen disposiciones específicas para el caso de extranjeros que sean personal de las Fuerzas Armadas, quienes no necesitan reiterar el juramento o promesa solemne realizada con anterioridad.

  • Tribunal constitucional: Ejecución de sus resoluciones
  • El pasado 17 de octubre, se publicó en el B.O.E. la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho y que, entró en vigor el mismo día 17 de octubre de 2015.

    El Tribunal Constitucional, ejerce la función de ser el supremo intérprete de la Constitución y su garante, mediante el ejercicio de su función jurisdiccional y para ello necesita instrumentos para garantizar que sus resoluciones sean efectivas.

    Esta Ley Orgánica pretende desarrollar, atendiendo a las nuevas situaciones, los instrumentos necesarios para que la garantía de efectividad sea real y, para ello, se dota al propio Tribunal de instrumentos de ejecución, una vez haya resuelto sobre el fondo.

    • El Tribunal Constitucional podrá acometer la ejecución de sus resoluciones, bien directamente, o bien a través de cualquier poder público.

    • Se atribuye el carácter de título ejecutivo a las resoluciones del Tribunal (art. 87), y establece en materia de ejecución, la aplicación supletoria de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

    • Puede acordar que sus resoluciones se notifiquen a cualquier autoridad o empleado público.

    • Se regula un régimen específico para los supuestos de incumplimiento de sus resoluciones, ya que el Tribunal podrá (art. 82):

      • Imponer multas coercitivas de hasta 30.000 euros, repetibles.
      • Acordar la suspensión de las autoridades o empleados públicos responsables del incumplimiento.
      • Encomendar al Gobierno de la Nación, aun en funciones, la ejecución sustitutoria.
      • Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que corresponda.
      • Si concurren circunstancias de especial trascendencia constitucional, como por ejemplo, los supuestos de incumplimiento notorio, y se trate de la ejecución de las resoluciones que acuerden la suspensión de las disposiciones, actos o actuaciones impugnadas, el Tribunal puede adoptar las medidas de ejecución necesarias de oficio.

    Principales novedades de la Ley Orgánica 15/2015:

  • Inscripción electrónica de los nacimientos en el Registro Civil
  • En fecha 14 de Julio de 2015 se publicó en el BOE la Ley 19/2015, de 13 de Julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

    Una de las principales novedades de esta Ley se refiere a la tramitación electrónica desde los centros sanitarios de los nacimientos y defunciones, cuya entrada en vigor ha tenido lugar en fecha 15 de Octubre de 2015.

    Lo que se pretende con esta modificación legal es que la inscripción de los recién nacidos se realice directamente desde los centros sanitarios a modo de «ventanilla única» donde los padres, junto con los facultativos, firmarán el formulario oficial de declaración, al que se incorporará el parte médico acreditativo del nacimiento, que se remitirá telemáticamente desde el centro sanitario al Registro Civil, amparado con el certificado reconocido de firma electrónica del facultativo. Esto evitará tener que acudir personalmente a la Oficina del Registro Civil para realizar la inscripción del recién nacido.

    De esta forma, se instaura la certificación médica electrónica a los efectos de la inscripción en el Registro Civil, tanto de los nacimientos como de las defunciones, acaecidos en circunstancias normales, en centros sanitarios.

    En una primera etapa, como prueba piloto, esta posibilidad se ha implantado solamente en 24 hospitales de España, uno por cada Comunidad Autónoma, excepto en Madrid, donde funcionará en siete centros.

    Una vez comprobada su eficacia y que todo marcha correctamente, se extenderá al resto de las maternidades públicas antes de final de año

  • Cambio de preaviso de los seguros
  • En fecha 15 de julio ha sido publicada la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, cuyo objetivo es incorporar a nuestro ordenamiento el contenido de la Directiva 2009/138/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio.

    La Ley introduce una serie de modificaciones normativas que afectan a varias normas, incluyendo la Ley de Contrato de Seguro.

    En esta sentido, destacar, entre muchas otras, la modificación que afecta al plazo de preaviso del que el asegurado dispone para oponerse a la prórroga del contrato de seguro y que se regula en el artículo veintidós de la mencionada ley.

    El tomador del seguro podrá oponerse a la prórroga de contrato mediante una notificación escrita al asegurador, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso.

    Dicha modificación entrará en vigor el 1 de enero del 2016. Hasta entonces el plazo de preaviso continuará siendo de dos meses.

  • Novedades del Poder Judicial
  • La Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, tiene como finalidad principal, la mejora de la organización de justicia para la prestación de un mejor servicio a los ciudadanos. De ahí, que regule de forma expresa, la elección, composición y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial dotando de una mayor especialización a los órganos judiciales.

    De cara a conseguir una mayor transparencia, esta ley regula por primera vez, el deber por parte del presidente, los vocales y el secretario general del Consejo General del Poder Judicial, de efectuar la declaración de bienes y derechos así como la obligación de dar publicidad de los señalamientos del juzgado o tribunal.

    Se eliminan las restricciones a la especialización de juzgados para resolver materias específicas y se establece que las salas de Gobierno puedan modificar las normas de reparto de los Juzgados de lo Mercantil, Penal, Vigilancia Penitenciaria.

    Además, el CGPJ podrá acordar la adscripción de uno o varios jueces, magistrados, o letrados de la Administración de Justicia, para realizar labores de colaboración, asistencia y asesoramiento para agilizar la tramitación de las causas. Este órgano también tendría capacidad para convocar pruebas de especialización en materias distintas a las recogidas hasta la fecha por Ley.

    Existirá la opción de ampliar el servicio activo de los jueces, magistrados, fiscales y Letrados de la Administración de Justicia (antiguos “Secretarios judiciales”) hasta la edad de 72 años. Además de modificarse la denominación de este órgano, éste contará con nuevas competencias como la mediación, tramitación o resolución de procedimientos monitorios.

    Esta ley, además, refuerza la figura del recurso de casación, eliminando la cuantía de 600.000€ para poder recurrir ante el Tribunal Supremo en la jurisdicción Contenciosa-Administrativa quedando sustituida por el “interés casacional” objetivo para la formación de jurisprudencia.

    Para finalizar, destacar que se atribuye al CGPJ competencia para conocer de los concursos de las personas físicas que no sean empresarios con el fin de aliviar el cúmulo de trabajo de los Juzgados de lo Mercantil.

  • Publicidad de las sentencias dictadas por fraude fiscal
  • La Ley Orgánica 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal, permite dar a conocer datos personales recogidos en las sentencias dictadas en el ámbito penal sobre delitos relacionados con el fraude fiscal. La normativa limita y excepciona los derechos individuales a la intimidad, el honor y protección de datos, primando en aras al interés público general, los derechos de publicidad y transparencia de las actuaciones judiciales.

    El acceso a los datos personales que se recojan en las sentencias será público, siempre que se refiera a determinados delitos (defraudación fiscal, alzamiento de bienes, insolvencia punible y contrabando). Son todas ellas, conductas realizadas contra la Hacienda Pública, incluso contra los presupuestos de la Unión Europea, y por tanto, contra toda la sociedad, siendo el bien jurídico protegido el interés público en sí.

    Se atribuye al Secretario Judicial la competencia para emitir el certificado que se publicará en el Boletín Oficial del Estado, cuyo contenido, exclusivamente se refiere a los datos que permitan identificar el proceso, nombre y apellidos o denominación social del condenado y si lo hubiere, del responsable civil, datos del delito y las penas impuestas, así como la cuantía relativa al perjuicio causado a la Hacienda Pública.

    No obstante, la publicación de esta información puede evitarse en los casos en que previamente a la firmeza de la sentencia, el condenado o en su caso el responsable civil hayan satisfecho o consignado ante el órgano judicial competente la totalidad de la cuantía equivalente al perjuicio causado por todos los conceptos.

    La posibilidad del principio de retroactividad en el ámbito procesal, permite que la normativa se aplique a las sentencias que se dicten tras la entrada en vigor de esta Ley Orgánica, el 11 de noviembre de 2015.

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